Aclaro mi último comentario, a ver si se entiende mejor. Parto de señalar un absurdo: la máxima responsable del Estado, que es la entidad encargada de sancionar y hacer cumplir las leyes, llama a ser tolerantes con quienes trabajan en la informalidad, o sea, transgrediendo la ley. Ese absurdo puede tener muchas explicaciones; yo elegí la liviandad por el contexto y el tono de los enunciados. Lo cierto es que también puede expresar una convicción más profunda, que podríamos identificar como una concepción anti-estatista de la política. Si es lo segundo, correspondería una discusión más profunda. Si es, como yo pienso, lo primero, entonces creo que Cristina no mide bien las implicancias de lo que dice. Cuando desde la máxima autoridad del Estado se llama a la tolerancia con quienes transgreden la ley, y hasta se los elogia por su espíritu emprendedor, se menoscaba la propia idea de lo que es el Estado. Es como un Estado que dice "las leyes que yo sanciono son relativas, a veces hay que cumplirlas y a veces no".
Vale aclarar que no estoy pidiendo que se persiga al pobre tipo que vende ropa usada en la plaza. Si pido algo, es que el Estado sanciono leyes que valgan la pena hacer cumplir. Por ejemplo, ¿qué tal un decreto según el cual, hasta tal monto de ganancias, no hace falta ningún registro, ninguna boleta, nada? ¿No nos evitamos así, por ejemplo, las coimas a la policía? ¿No le decimos a los comerciantes formales que no tienen derecho a protestar, porque la ley dice que el tipo que vende en la puerta de su negocio sin pagar impuestos está actuando según la ley? En definitiva, ¿no es esto un Estado que se hace cargo de una situación social, en lugar de un Estado que mira para otro lado y le pide a la sociedad que se las arregle como pueda?
Lo que proponés me recuerda un poco a lo que decía Hernando de Soto (un muy buen economista peruano que se "quemó" asesorando a Fujimori). Lo que el tipo decía es que los pobres tienen un capital y espíritu emprendedor, pero que el costo de cumplir las infinitas reglamentaciones legales es lo que los deja "fuera del sistema" (es decir del crédito, de la protección legal de sus contratos, etc.) impidiendo que crezcan más allá de cierto punto y puedan ascender socialmente. La solución a ese problema, para el, no consiste en otra cosa que disminuir las exigencias legales para iniciar negocios, de modo tal que gran parte de la economía "negra" pase al circuito formal, ampliando su techo de crecimiento. Para De Soto, los pobres no necesitan tanto subsidios o dádivas, como un sistema legal que no les imponga requisitos imposibles de cumplir.
ResponderEliminarEs interesante eso. Al menos, me resulta más coherente que convocar desde el Estado a ignorar la ley. Lo que habría que pensar es porque se hace esto en vez de aquello.
ResponderEliminarCreo que hay dos clases de razones. Una es cultural: tenemos sociedades acostumbradas a un "legalismo mágico", según el cual todos los problemas se solucionan con más y más leyes, aunque en la práctica éstas se tornen de imposible cumplimiento. El colmo del cinismo se daba en los tiempos de la colonia, cuando se leían las cédulas reales y luego se acotaba "se acata, pero no se cumple".
ResponderEliminarEn segundo lugar, la existencia de normas que nadie cumple favorece la corrupción y aumenta el poder de los funcionarios. Carlos Nino lo explica en "Un país al margen de la ley": cuando todos estamos potencialmente en falta, permanentemente "debemos" un favor al funcionario que hace la vista gorda, que puede amenazarnos con hacer cumplir la ley discrecionalmente para que paguemos una coima o simplemente para someternos a su voluntad. Esa es la razón, por ejemplo, por la que los empresarios no suelen impugnar judicialmente las decisiones arbitrarias de la Secretaría de Comercio: saben que les pueden mandar a la AFIP, y casi seguro algo les van a encontrar.
Claro, mi comentario apuntaba a esto último. La informalidad no es un principio de tolerancia sino una herramienta de presión y dominación. Todo el mundo sabe que los manteros de Florida, así como las demás redes comerciales informales, tienen arreglos con la policía y muchas veces ejercen un control mafioso del territorio. El "progresismo" de pedir tolerancia con la informalidad es en el mejor de los casos una forma de hacerse la tonta, y en el peor una expresión de una concepción del Estado bastante anti-moderna.
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