1) La expropiación de empresas estratégicas es un recurso legítimo y políticamente aceptable. La idea de que una medida así atenta contra la seguridad jurídica es atendible, pero debe ser evaluada en términos de costo/beneficio y no en términos de principios. Hasta ahora, no hay indicios de que la expropiación vaya a traerle perjuicios al país.
2) Los recursos naturales no tienen por qué ser "en principio" estatales. Es perfectamente lógico que los mismos sean otorgados a un privado si se considera que el mismo está en mejores condiciones de explotarlos que el estado, generando así mayores beneficios para el país. La discusión en abstracto sobre si es mejor que YPF sea estatal o privada es estéril.
3) En el debate sobre la medida prevalecen las posiciones principistas: por un lado, los que defienden la seguridad jurídica a rajatablas; por el otro, los que defienden el intervensionismo estatal a rajatablas. Muy poca atención para la coyuntura específica.
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