El Estado, un actor más entre tantos

Cuando era adolescente y escuchaba hablar del terrorismo de Estado, el argumento principal que escuchaba contra la llamada "teoría de los dos demonio" (o sea, la idea de que las acciones de militares y terroristas eran equiparables en términos morales y legales) era que la responsabilidad del Estado es siempre mayor a la responsabilidad de los demás actores. Ello significa que las acciones ilegales del Estado contra actores de la sociedad civil son más graves, legal y moralmente, que las acciones de un sector de la sociedad civil contra otro o contra el Estado mismo. Esto sería así, según lo entendía, por la tradicional definicion de Max Weber del Estado como el agente que detenta "el monopolio de la coherción física legítima sobre un territorio". A partir de este principio, entonces, puede argumentarse que cuando el Estado actúa ilegalmente contra un individuo o grupo dentro de un territorio, utiliza ilegítimamente un poder que solo él tiene y cuyo ejercicio conlleva una responsabilidad excepcional, precisamente por su condición "monopólica".

Parecería irónico que el gobierno que más a insistido en recordar y retomar las cuestiones pendientes del terrorismo de Estado, sea el mismo que, desde el retorno a la democracia, más se aleja del principio según el cual el Estado tiene un poder sobre el cual recaen más responsabilidades que sobre cualquier otro poder de la sociedad civil. En efecto, es una constante en el discurso kirchnerista la idea de que en la sociedad existen múltiples poderes, principalmente el poder económico pero también, por ejemplo, el poder periodístico, los cuales están a menudo en disputa con el poder del Estado. Esto es evidentemente cierto, y sería necio negar que el Estado, aunque posea efectivamente el "monopolio de la coherción física legítima", no tiene poder absoluto. El problema es que cuando el Estado es presentado como un poder más, a la par de los demás poderes y que, por lo tanto, no tiene más alternativa que disputar poder, se diluye el principio según el cual el poder del Estado tiene algo de distintivo, que lo diferencia de otros poderes.

Si el Estado es un poder más, sobre el cual no recae otra responsabilidad que la de acumular y utilizar el poder con los fines que se fije a sí mismo (en una sociedad democrática, este fin sería presumiblemente el beneficio de la mayoría), entonces no le caben más responsabilidades que a los demás actores. Ello explica por qué, para los kirchneristas, las cuestiones legales e institucionales tienden a tener tan poco peso: en un país generalmente poco apegado a las normas, un poder que se ajusta a ellas tiende a debilitarse. Si el fin del Estado es beneficiar a la mayoría en un escenario con múltiples actores, cada uno de los cuales busca su propio beneficio, entonces su objetivo no puede ser otro que el de disputar poder; disputa que solo puede ser exitosa si sigue las reglas fácticas presentes en este escenario.

Esta perspectiva pretende ser realista: la idea de que el Estado y las instituciones son agentes neutrales que están por sobre la sociedad civil, esconde la realidad de que ellos son espacios de disputa al interior de la sociedad civil. Esto es en parte cierto, pero pierde de vista que las "ficciones" (tal vez "acuerdos" sea un mejor término) según las cuales el Estado es un poder de diferente naturaleza al de los demás poderes y le corresponde por tanto una mayor responsabilidad por respetar ciertas normas, son esenciales para la existencia del llamado Estado de derecho. Si el poder del Estado es un poder más, se infieren dos consecuencias peligrosas: 1) que no le caben al Estado mayores restricciones en la disputa por el poder que a los demás actores de la sociedad civil (y entonces, por ejemplo, el terrorismo de Estado sería una respuesta legístima frente a un poder terrorista no estatal); 2) que no habiendo poder garante de las normas institucionales, las mismas pierden toda legitimidad, con lo cual su respeto o transgresión queda sujeta a las evaluaciones estratégicas de los actores.

El "realismo" de concebir a la sociedad como un conjunto de poderes en disputa pierde de vista la realidad de ciertos acuerdos; por ejemplo, el acuerdo de que el Estado debe respetar las normas institucionales. Sin estos acuerdos, se ganan algunas cosas, pero también se pierden otras.