¿Somos libres para expresarnos?

Hace unos días alguien me dijo que, más allá de todo lo que se le pueda criticar al gobierno, hasta el momento éste no ha vulnerado las libertades individuales. Mi respuesta fue que eso no era totalmente cierto. En primer lugar, el gobierno sí vulneró la libertad de expresión cuando castigó a las consultoras que publicaron índices de inflación diferentes a los del INDEC. En segundo lugar, sin necesidad de hacer uso de aparatos represivos, el gobierno cuenta con numerosas formas de utilizar el poder del Estado para presionar a quienes expresan públicamente opiniones que lo perjudican. Se me ocurren, en este momento, tres mecanismos: 1) Reducir la pauta oficial en aquellos medios no afines al gobierno; 2) No dar trabajo en la cadena de medios estatales y para-estatales (aquellos que no dependen formalmente del Estado pero cuya existencia depende de sus fondos) a quien no comulgue con el gobierno; 3) Investigar la situación legal de quienes emiten opiniones que perjudican al gobierno para denunciarlos públicamente y penalmente. Todos estos mecanismos contribuyen a disuadir a quienes desean expresar opiniones no afines al gobierno. Un ejemplo claro: si un individuo quiere hablar bien del gobierno y no tiene las cuentas en orden, puede estar tranquilo de que sus dichos no harán que el Estado lo investigue. Si el mismo individuo quiere decir algo que al gobierno no le gusta, sabe que corre el riesgo de que el Estado lo investigue.

Como estos mecanismos no responden al imaginario de lo que habitualmente se considera "censura estatal", a la cual se la suele asociar con centros de detención e intervenciones policiales, prevalece la idea de que en la Argentina reina una libertad de expresión absoluta. Como siempre que la palabra "libertad" entra en juego, la distinción entre qué es "libertad de expresión" y que no lo es es imposible (los estoicos, por ejemplo, creían que uno puede ser libre viviendo encadenado). Para que la discusión, si a alguien le interesa, tenga algún sentido, en necesario buscar acuerdos generales. Por ejemplo, yo propondría que lo que una persona dice públicamente (sea lo que sea) no sea un criterio para que el Estado investigue su situación legal. Si esa condición se cumple, pienso yo, hay más libertad de expresión que no se cumple. Por eso, en parte, sostengo que hoy en la Argentina hay menos libertad de expresión que en otros momentos, tal vez menos que en cualquier otro momento desde 1983.

El problema, como yo lo veo, es que la libertad de expresión nunca es un interés popular. La mayoría de la gente no opina públicamente, ni aspira a que su voz llegue a oídos del gobierno. Son en general las élites intelectuales las que, en algunas sociedades, sostienen el interés por la libertad de expresión. Por una diversidad de motivos, que no cabe analizar aquí, éste no es el caso con las élites intelectuales en la Argentina, que tienden a poner la libertad de expresión por detrás de otros elementos. Como consecuencia, la misma queda librada a la buena voluntad de los gobiernos, y a su capacidad de encontrar mecanismos de presión que eludan ciertos imaginarios que buena parte de la ciudadanía encontraría inaceptable. De todos modos, puesto que los procesos políticos tienden a modificar valores y creencias, no sería inimaginable que llegue el día en que alguien vaya preso o pierda su negocio por haber dicho algo, sin que nadie se escandalice.