El Estado, un actor más entre tantos

Cuando era adolescente y escuchaba hablar del terrorismo de Estado, el argumento principal que escuchaba contra la llamada "teoría de los dos demonio" (o sea, la idea de que las acciones de militares y terroristas eran equiparables en términos morales y legales) era que la responsabilidad del Estado es siempre mayor a la responsabilidad de los demás actores. Ello significa que las acciones ilegales del Estado contra actores de la sociedad civil son más graves, legal y moralmente, que las acciones de un sector de la sociedad civil contra otro o contra el Estado mismo. Esto sería así, según lo entendía, por la tradicional definicion de Max Weber del Estado como el agente que detenta "el monopolio de la coherción física legítima sobre un territorio". A partir de este principio, entonces, puede argumentarse que cuando el Estado actúa ilegalmente contra un individuo o grupo dentro de un territorio, utiliza ilegítimamente un poder que solo él tiene y cuyo ejercicio conlleva una responsabilidad excepcional, precisamente por su condición "monopólica".

Parecería irónico que el gobierno que más a insistido en recordar y retomar las cuestiones pendientes del terrorismo de Estado, sea el mismo que, desde el retorno a la democracia, más se aleja del principio según el cual el Estado tiene un poder sobre el cual recaen más responsabilidades que sobre cualquier otro poder de la sociedad civil. En efecto, es una constante en el discurso kirchnerista la idea de que en la sociedad existen múltiples poderes, principalmente el poder económico pero también, por ejemplo, el poder periodístico, los cuales están a menudo en disputa con el poder del Estado. Esto es evidentemente cierto, y sería necio negar que el Estado, aunque posea efectivamente el "monopolio de la coherción física legítima", no tiene poder absoluto. El problema es que cuando el Estado es presentado como un poder más, a la par de los demás poderes y que, por lo tanto, no tiene más alternativa que disputar poder, se diluye el principio según el cual el poder del Estado tiene algo de distintivo, que lo diferencia de otros poderes.

Si el Estado es un poder más, sobre el cual no recae otra responsabilidad que la de acumular y utilizar el poder con los fines que se fije a sí mismo (en una sociedad democrática, este fin sería presumiblemente el beneficio de la mayoría), entonces no le caben más responsabilidades que a los demás actores. Ello explica por qué, para los kirchneristas, las cuestiones legales e institucionales tienden a tener tan poco peso: en un país generalmente poco apegado a las normas, un poder que se ajusta a ellas tiende a debilitarse. Si el fin del Estado es beneficiar a la mayoría en un escenario con múltiples actores, cada uno de los cuales busca su propio beneficio, entonces su objetivo no puede ser otro que el de disputar poder; disputa que solo puede ser exitosa si sigue las reglas fácticas presentes en este escenario.

Esta perspectiva pretende ser realista: la idea de que el Estado y las instituciones son agentes neutrales que están por sobre la sociedad civil, esconde la realidad de que ellos son espacios de disputa al interior de la sociedad civil. Esto es en parte cierto, pero pierde de vista que las "ficciones" (tal vez "acuerdos" sea un mejor término) según las cuales el Estado es un poder de diferente naturaleza al de los demás poderes y le corresponde por tanto una mayor responsabilidad por respetar ciertas normas, son esenciales para la existencia del llamado Estado de derecho. Si el poder del Estado es un poder más, se infieren dos consecuencias peligrosas: 1) que no le caben al Estado mayores restricciones en la disputa por el poder que a los demás actores de la sociedad civil (y entonces, por ejemplo, el terrorismo de Estado sería una respuesta legístima frente a un poder terrorista no estatal); 2) que no habiendo poder garante de las normas institucionales, las mismas pierden toda legitimidad, con lo cual su respeto o transgresión queda sujeta a las evaluaciones estratégicas de los actores.

El "realismo" de concebir a la sociedad como un conjunto de poderes en disputa pierde de vista la realidad de ciertos acuerdos; por ejemplo, el acuerdo de que el Estado debe respetar las normas institucionales. Sin estos acuerdos, se ganan algunas cosas, pero también se pierden otras.

Estética política

Muchachos, pónganse las pilas que en política la estética es importante. ¿Qué imagen le estamos dando al mundo así? ¿O estamos tan bien que ya no nos importa nada?

Carlotto sobre YPF

Considero que es un error por parte de Estela de Carlotto el de hablar públicamente en defensa de medidas del gobierno que nada tienen que con la causa de Abuelas de Plaza de Mayo. Al hacerlo, Carlotto (que es la titular de la entidad) pone el reconocimiento de Abuelas al servicio de un proyecto político cuyos objetivos, manejos y razón de ser van mucho más allá de los que caracterizan a la misma. Cuando la titular de Abuelas expresa públicamente su orgullo por la estatización de YPF, un área sobre la cual ni la entidad que encabeza ni ella personalmente tienen vinculación ni conocimiento específico, se diluye el significado particular que tiene la causa propia de Abuelas: la búsqueda de esclarecimiento y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado. Esa causa merece ser preservada como un valor social independiente a otros temas de debate, para lo cual sería importante que quienes la representan institucionalmente eviten intervenir en temas que nada tienen que ver con ella.

Por otro lado, las palabras de Carlotto son tan banales y carentes de toda sustancia que dan una sensación de ridículo. Hablar desde la emotividad de los lugares comunes, poniéndose al servicio del humor social del momento, desmerece una figura de la que, por su historia, uno esperaría autonomía, reflexividad y espíritu crítico.

Recambio periodístico

Va otra corta. Creo que el debate público en la Argentina cambiaría sustancialmente reemplazando a cinco de las principales figuras del periodismo por personas capaces y bien formadas. Imaginemos que en vez de tener en horario central televisivo y en las columnas principales de los diarios más importantes a Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Marcelo Bonelli y Luis Majul, dando clases de moral y de ética republicana, tenemos a tipos y tipas que entienden de política y de economía y buscan explicar y analizar los temas con una cierta neutralidad. Para empezar, creo que a muchos kirchneristas se les haría más difícil responder permanentemente con chicanas y burlas, y se verían obligados a desarrollar un discurso más elaborado.

Tres opiniones sobre YPF

1) La expropiación de empresas estratégicas es un recurso legítimo y políticamente aceptable. La idea de que una medida así atenta contra la seguridad jurídica es atendible, pero debe ser evaluada en términos de costo/beneficio y no en términos de principios. Hasta ahora, no hay indicios de que la expropiación vaya a traerle perjuicios al país.

2) Los recursos naturales no tienen por qué ser "en principio" estatales. Es perfectamente lógico que los mismos sean otorgados a un privado si se considera que el mismo está en mejores condiciones de explotarlos que el estado, generando así mayores beneficios para el país. La discusión en abstracto sobre si es mejor que YPF sea estatal o privada es estéril.

3) En el debate sobre la medida prevalecen las posiciones principistas: por un lado, los que defienden la seguridad jurídica a rajatablas; por el otro, los que defienden el intervensionismo estatal a rajatablas. Muy poca atención para la coyuntura específica.