jueves, 30 de septiembre de 2010

Hebe es inobjetable

Los sectores duros de la coalición kirchnerista han salido a restarle importancia a los dichos de Hebe. Los funcionarios del gobierno no han tomado distancia. Barone recurre a un argumento frecuente: sea lo que sea que dijo Hebe, los enemigos del gobierno han dicho cosas igualmente malas, pero sin la legitimidad que posee Hebe a partir de su lucha contra la dictadura. La cuestión es que no importa lo que se dice, sino quién lo dice. A los enunciados se los lleva el viento, pero la nobleza espiritual es un poco más duradera.

martes, 28 de septiembre de 2010

¿Justicia al servicio del pueblo?

Dijo Estela de Carlotto en la manifestación frente a Tribunales: "tenemos que luchar contra los Magnetto que nos robaron a los nietos y nos quieren seguir robando. Tenemos que hablarle a los señores de la Justicia, quienes no están en otro planeta, son parte de este pueblo. Que se apuren, que actúen, que pongan en órbita leyes como ésta para poder informar y no desinformar". ¿Justicia lo más neutral e independiente posible o justicia a favor de los intereses populares? Si es lo segundo, propongo que eliminemos la independencia de poderes y subordinemos el poder judicial a las decisiones de los poderes elegidos democráticamente; preferentemente al ejecutivo, que representa a la mayoría o a la primera minoría.

lunes, 27 de septiembre de 2010

El gobierno contra el Poder Judicial

Retomando el tema de la relación del gobierno con el poder judicial, los últimos comentarios en Twitter de Cristina y Timerman parecen confirmar una escalada de la confrontación con el Poder Judicial. La idea parece ser que la justicia argentina es funcional al Grupo Clarín ("el monopolio", como lo llaman). Particularmente llamativa es la sugerencia en el Twitter de Cristina de que, eventualmente, el gobierno podría recurrir a la justicia internacional. Dudo que el gobierno considere posible llevar a cabo una medida de tal radicalidad, pero su sola mención es significativa por sus implicancias ideológicas.

Este conflicto está dejando ver la progresiva incapacidad del proyecto político de los Kirchner para convivir con el actual esquema de institucionalidad republicana, fundamentalmente basado en la división de poderes y el control mutuo entre ellos. Como señalé en un post anterior, la reforma de la Corte Suprema en su momento no fue más que una decisión coyuntural, que poco tuvo que ver con el proyecto político que terminó encarnando este gobierno. Si hoy en día nada menos que la Presidenta de la Nación habla de una justicia opuesta a la Constitución, se están generando las condiciones ideológicas para legitimar un desacatamiento de dicho poder, sino directamente una intervención.

El problema más serio se dará, si esto se incrementa, cuando el gobierno deba confrontar con la Corte Suprema. En ese caso, me animo a hacer un pronóstico: el gobierno utilizará un argumento similar al que utilizó con las reservas: "nosotros los pusimos, nosotros los podemos sacar". O, para ponerlo en términos más refinados: "nosotros los pusimos para que sean una justicia independiente, pero al final no lo son".

jueves, 23 de septiembre de 2010

Populismo, progresismo e instituciones

El kirchnerismo, como todo buen populismo, no se lleva bien con las instituciones. Con "no se lleva bien", quiero decir que, aunque no las violente o suprima, tampoco tiende a amoldar sus acciones a lo que ellas preveen o estipulan. Entre ajustarse a las leyes, o a las instituciones (que muchas veces es lo mismo), y hacer lo mínimo necesario para no cometer un delito, hay una gran diferencia. Por ejemplo, la ley no dice que un candidato no pueda presentarse a elecciones sabiendo que no asumirá el cargo, pero está claro que la elección como institución fue creada con la idea que así fuera. Hay otros ejemplos: superpoderes, consejo de la magistratura, Indec, Moreno. Ninguna de estas cosas viola estrictamente la ley, pero todas ellas involucran situaciones anormales desde el punto de vista del diseño institucional. Tal vez, más sencillo que esta explicación, sea remitirse a los intelectuales orgánicos del kirchnerismo, especialmente Laclau, quien explícitamente encomia el carácter anti-institucional del populismo.

Algunos pensamos (me incluyo explícitamente) que la generación de un orden institucional estable es esencial para el desarrollo del país. Sin duda, entre los que pensamos eso, hay desde terratenientes que apoyaron a la última dictadura hasta ex-militantes comunistas. Digo esto para prevenir las generalizaciones que esquivan el debate, como si todos los que se preocupan por las instituciones fuesen fanáticos golpistas o pobres lobotomizados por Clarín. Creo que la cuestión institucional es importante y es legítima, más allá de que algunos la defiendan de forma oportunista.

Los intelectuales orgánicos del gobierno sostienen una visión según la cual la política no se hace en las instituciones. Más aún, ella tiende a chocar con las mismas. Las instituciones se basan en la rutina y la previsibilidad, mientras que la política se basa en el cambio y en lo imprevisible. Siendo así, las instituciones son inherentemente conservadoras. Ellas tienden a solidificar las posiciones de poder, y a contener el potencial transformador de los grupos dominados u oprimidos. Más concretamente, en la Argentina, los sectores más institucionalistas han sido los más proclives a apoyar dictaduras e interrupciones institucionales, cuando sus propios intereses se vieron amenazados. Siendo así, los intelectuales kirchneristas deducen que el progresismo no debe dejarse intimidar por discursos republicanos que, en realidad, esconden una preocupación por sostener posiciones de poder. En la política argentina, sostienen ellos, la cuestión institucional es más un discurso conservador que un problema importante para la ciudadanía en general, y para los sectores socialmente más perjudicados en particular.

Una de las consecuencias de este razonamiento es que legitima lo que dice criticar. Si la idea es algo así como "nosotros no nos preocupamos por las instituciones porque, en realidad, nadie se preocupa verdaderamente por ellas", entonces se legitima que en el futuro, un gobierno con un proyecto político diferente utilice el mismo argumento. Y en ese caso, las leyes o instituciones perjudicadas pueden ser aquellas más afines a las ideas políticas que este gobierno dice defender. Desacreditar la importancia de las instituciones puede ser, entonces, un arma de doble filo o, como dice el dicho, "pan para hoy, hambre para mañana".

Otra consecuencia es que, una vez que la preocupación institucional es desacreditada, y lo único que queda es el mínimo apego a la ley, se inicia un proceso cuyas consecuencias pueden ser muy negativas en el mediano y largo plazo. Una vez que las instituciones dejan de ser un valor a sostener y se convierten en una limitación a la cual vale la pena hacer todo lo posible por esquivar, ellas tienden a perder credibilidad, al punto que, eventualmente, ya ni siquiera sea considerado importante respetarlas. La historia de la violencia política en la Argentina tiene mucho que ver con procesos de ese tipo.

Un proyecto progresista no debería perder de vista la importancia de tomarse en serio las instituciones. Ellas son, después de todo, las que sostienen una convivencia pacífica y otorgan a la acción política permanencia y estabilidad. Si los logros del proresismo se consiguen en desmedro de las instituciones, corren el riesgo desvanecerse en el futuro próximo, dejando además un panorama de mayor incertidumbre e inestabilidad que difícilmente beneficie a los sectores socialmente más débiles.

lunes, 20 de septiembre de 2010

A Macri sí, a Kirchner no

A ver si entiendo. Cuando grupos progresistas o de izquierda se movilizan en contra de políticas del gobierno nacional (minería, glaciares, presupuesto universitario), o no importa, o no entienden nada. Cuando los estudiantes porteños se movilizan contra el gobierno de la ciudad, es una saludable muestra de politización. ¿Por qué Aliverti se muestra tan entusiasmado por esto último, y no por lo anterior? ¿Acaso los edificios de la UBA están mucho mejor que los colegios de la Ciudad? ¿O es que ciertas politizaciones son mejores que otras?

domingo, 19 de septiembre de 2010

¿Gobierno vs. Corte Suprema?

Me estuve informando un poco sobre el caso Sosa, que amenaza con dar lugar a la primera gran pelea entre el gobierno y la Corte Suprema. Parece que la Corte ordena al gobierno de Santa Cruz reitegrar a un funcionario que fue despedido violando criterios constitucionales, según la Corte. No voy a referirme a los motivos por los cuales el gobierno nacional se resiste, por ahora, a hacer cumplir el fallo (me parece interesante la hipótesis de Gargarella). Quiero discutir, en cambio, con la visión de Marcelo Alegre, quien sostiene que, más allá de los elementos jurídicos, al gobierno no le conviene políticamente confrontar con la Corte en este caso. Alegre se basa en dos elementos. Primero, al gobierno no le conviene que se exhiban las prácticas anti-republicanas que caracterizan al gobierno de Santa Cruz. Segundo, al confrontar con la Corte, el gobierno dilapidaría el crédito que se ha ganado al contribuir a su conformación, dado el respeto con el que cuenta la Corte actual.

Los réditos o perjuicios políticos de una acción política particular no pueden ser evaluados sin tener en cuenta el proyecto y la estrategia específica de un actor (en este caso, el gobierno). Hace tiempo que el elemento "republicano" no forma parte del proyecto de este gobierno, ni siquiera desde el punto de vista discursivo, y es dudoso que entre los apoyos con los que cuenta, la preocupación por ese elemento sea significativa. Por el contrario, los intelectuales afines al gobierno rara vez enfatizan las virtudes del mismo en el aspecto institucional. Por lo general, ellos se dedican a desacreditar cualquier cuestionamiento en ese sentido argumentando que quienes lo realizan son los mismos que, en otras circunstancias, no se han privado de recurrir a prácticas anti-republicanas. Este argumento, claro está, no refleja ninguna preocupación por las instituciones republicanas, sino que, por el contrario, desacredita la preocupación misma.

El reconocimiento con el que el gobierno cuenta por la respetabilidad de la actual Corte no es, hoy en día, un elemento central de su estrategia política. Dicha Corte se conformó en un contexto sumamente diferente al que reina hoy en día, cuando el gobierno enfrentaba problemas diferentes e imaginaba alianzas con actores distintos. Recuperar cierta credibilidad institucional puede haber sido redituable en un contexto de incertidumbre y debilidad, cuando el descrédito de la política y la movilización de la clase media eran amenazas visibles. Hoy en día, con una oposición desarticulada y una confrontación creciente con los principales medios de comunicación, la credibilidad republicana poco ofrece a un gobierno cuyos objetivos poco tienen que ver con garantizar el normal funcionamiento de las instituciones. Más aún, como pasó con gobiernos anteriores, cada vez más las pretenciones refundacionales tienden a chocar con las limitaciones institucionales.

El gobierno no suele recurrir a argumentos legales para fundamentar sus acciones. Por lo general, suele hacer hincapié en elementos específicamente políticos. Por ejemplo, durante la confrontación con Redrado por el pago de la deuda con reservas del Banco Central, el gobierno puso énfasis en el hecho de que era su mérito haber acumulado las reservas y que, por lo tanto, era su derecho disponer de ellas. Argumento que, claro está, nada tiene que ver con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto mismo. Algo similar podría ocurrir con la Corte. Ante una decisión muy adversa (por ejemplo, frente a la Ley de Medios), el gobierno podría argumentar que la Corte está actuando bajo presión de los grandes medios. Entonces, ella no estaría actuando con la independencia por la cual el gobierno la constituyó en primer lugar. Siendo así, el mismo gobierno que constituyó a la Corte tendría derecho, según este razonamiento, a resistir sus medidas.

Esto puede darse así o no. En cualquier caso, el hecho es que el discurso del gobierno opera de forma tal que los elementos republicanos tienden a estar subordinados a los elementos políticos. La confrontación con los medios ha cobrado tal envergadura que la misma tiende a desplazar cuestionamientos que, anteriormente, dañaban la imagen del gobierno (muchos de ellos vinculados al problema "institucional": Indec, Moreno, Santa Cruz, etc). Por lo tanto, conviene ser muy realista respecto de las posibilidades de que el gobierno integre la preocupación republicana a su estrategia política. Seguramente, una violación demasiado fehaciente de la ley por parte del gobierno podría dañar su imagen entre sectores progresistas. Pero en la medida en que logre, como hasta ahora, subordinar la débil preocupación institucional de estos sectores a su proclamada necesidad de terminar con la "hegemonía" de los grandes medios, es probable que dicha preocupación lo tenga sin cuidado. Los sectores seriamente preocupados por el funcionamiento institucional ya son, de todos modos, una causa perdida.

martes, 14 de septiembre de 2010

La política y el sentido de las palabras

Estuve releyendo secciones de La razón populista, uno de los últimos libros de Ernesto Laclau, quien es uno de los intelectuales más influyentes en el actual gobierno. Es difícil saber cuánto los Kirchner realmente lo tienen en cuenta, pero no es difícil encontrar en su forma de actuar políticamente muchos puntos de contacto con las concepciones políticas de Laclau. En cualquier caso, me llamó la atención el sigiente fragmento:

Una discusión sobre si una sociedad justa será llevada a cabo por un order fascista o por un orden socialista no precede como una deducción lógica a partir de un concepto de "justicia" compartido por ambas partes, sino de un investimiento radical cuyos pasos discursivos no son conecciones lógico-conceptuales sino atributivo-performativas. Si me refiero a una serie de malestares sociales, a una injusticia extendida, y atribuyo su causa a la "oligarquía", por ejemplo, estoy realizando dos operaciones interrelacionada: por un lado, estoy constituyendo al "pueblo" al encontrar la identidad común de una variedad de reclamos sociales en su oposición común a la oligarquía; por el otro, el enemigo deja de ser puramente circunstancial y adquiere dimensiones globales.

O sea: la política no se basa en operaciones lógico-deductivas, es decir, aquellas tendientes a convencer al otro mediante mecanismos racionales dados de antemano y, en principio, compartidos por todos, sino en operaciones atributivo-performativas, es decir, quellas basadas en aplicar palabras a casos concretos para significarlos. Entonces, por ejemplo, la palabra "oligarquía" no significa nada es sí misma, ni hay posibilidad de ponerse de acuerdo en un significado. Pero a medida que se la utiliza para denominar negativamente los responsables de una serie de malestares sociales, constituimos la identidad de la oligarquía como tal. Así, siguiendo con el ejemplo, yo puedo calificar como oligarcas a los empresarios, a quienes apoyaron a la ultima dictadura militar, y a los políticos corruptos. Todos ellos son responsabilizados por el malestar de diversos grupos: trabajadores con bajos salarios, organismos de derechos humanos, desocupados. Al denominar a todos aquellos grupos "oligarquía", los constituyo como una identidad común y, a su vez, constituyo a quienes se le oponen como "el pueblo", es decir, como otra identidad común.

Si la política es esto (y, en la obra de Laclau, no hay ningún indicio de que la lógica, la deducción y la argumentación tengan ningún lugar en la política), entonces la utilización política de una palabra se basa en la posibilidad de liberarla de restricciones lógicas o argumentativas. En política, el significado de una palabra está dado por su aplicación a casos concretos, y no a significados dados de antemano. Más aún: la política resignifica las palabras a partir de su aplicación a objetos concretos, más allá de la correspondencia lógica entre uno y otro.

Un ejemplo muy evidente y actual. Funcionarios y medios afines al gobierno no dejan de calificar al Grupo Clarín como "monopolio". Como es bastante evidente, el Grupo Clarín no es un monopolio, según el significado común de la palabra monopolio. Sin embargo, al denominar como monopolio a una serie de características que, en principio, no son monopólicas (por ejemplo, poseer varios medios en diferentes ámbitos y concentrar una parte importante del mercado), la propia connotación negativa de la palabra termina reforzando la idea de que el Grupo Clarín se opone al interés general, tal como ocurre con "oligarquía". Según Laclau, en esto consiste la política: en apropiarse de las palabras y resignificarlas según las necesidades de la contienda. De ese modo, los significados se vuelven antes que nada una cuestión estratégica.

El problema con todo esto es que la política, en el mundo moderno, ha mostrado tener más capacidad de destruir el sentido de las palabras de lo que hubiese sido imaginable en épocas anteriores. Y el sentido de las palabras, como nos enseña Hannah Arendt, es parte del mundo común sobre el cual se constituye el espacio público. Sin significados compartidos, no hay nada que nos una, nada que nos permita constituir un espacio público y, por lo tanto, nada que nos permita interactuar políticamente. Esto sucede cuando las palabras dejan de ser medios de comunicación y se conviertes en herramientas para la estigmatización: sin comunicación, claro está, no hay mundo común posible. Como en una guerra, la única comunicación viable se da al interior de los bandos, pero no entre ellos. Sin embargo, aún al interior de cada bando, el hecho de que las palabras cambien su significado de un momento a otro, torna más inestable e inseguro el mundo de significados compartidos que une a las personas y les permite relacionarse unas con otras. Si ayer "monopolio" significaba una cosa, y hoy significa otra, ¿quién me asegura que el sentido de cualquier palabra será el mismo que hoy?

La lucha por el sentido es parte de la política. Pero cuando esa lucha amenaza con destruir el sentido mismo, con ponerlo al servicio de la estrategia política, peligra el mundo común sobre el cual se constituye el espacio público. Entonces, luchemos por el sentido, pero sin por ello dejar de llamar a las cosas por su nombre.

lunes, 13 de septiembre de 2010

¿De quién habla?

Escribe Eduardo Aliverti:

En la materia toma de colegios, por cierto, podría argüirse que sí hay una violentación contra la propiedad pública o el derecho de los demás. ¿Es eso lo que inquieta a los bienpensantes alarmados? No, y no ni por asomo: los enardece que los pibes estén en la calle o movilizados, porque les altera la idea del orden básico que es custodio de sus intereses de clase. O de sus complejos de pequebús patéticos, que no encuentran la manera de que esa sangre juvenil bullente no les devuelva el espejo de su fracaso en la vida; o en su razonamiento sobre la educación.


¿De quién habla Aliverti? ¿Quiénes son estos que tienen ideas del orden básico custodiando sus intereses de clase? ¿Quiénes son estos fracasados resentidos por la movilización estudiantil? ¿Se trata de personas concretas, o de representaciones construidas por Aliverti sobre quienes se oponen a las movilizaciones? ¿La descripción surge de algún elemento de la realidad, de la deducción especulativa, de una mezcla de ambas, o de otro lado?

sábado, 11 de septiembre de 2010

Un tiempo para pensar lo menos posible

Cada vez hay menos margen para pensar en la Argentina. Me refiero a pensar en el sentido fuerte de la palabra, es decir, en el sentido de cuestionar las propias ideas y los propios presupuestos, de entender otros puntos de vista, de estar abiertos a la posibilidad de estar equivocados, de buscar refinar los argumentos. Todos estos elementos están desapareciendo del espacio público, socavados por la creciente necesidad de prevalecer por sobre el contrincante.

Ocurre que, cada vez más, la política argentina se parece a una guerra ideológica o, como suelen decir los intelectuales afines al gobierno, a una "batalla cultural". Algunos de ellos, como Ernesto Laclau, iría tan lejos como para afirmar que la política es precisamente eso. Pero, dejando ese tema de lado, lo cierto es que no hay nada menos útil y más perjudicial en una guerra que pensar. La inteligencia y la reflexividad nunca han sido valores a destacar en un buen soldado. Más aún, un soldado que piensa demasiado es un mal soldado. En una guerra, no hay margen para repensar los motivos de la contienda, la identidad de los participantes, la justicia o injusticia de las propias acciones. Una vez en guerra, lo único que importa es ganar.

Esto no es solo aplicable a las guerras que se llevan a cabo con bombas y ametralladoras. También es el caso de las guerras que se pelean con ideas. Si lo que me interesa es que mi idea prevalezca por sobre otra, no hay nada más contraproducente que reflexionar sobre la misma, buscando refinarla o complejizarla. Todo lo contrario: lo mejor es simplificarla y potenciarla. Después de todo, solo en ciertos círculos bastante reducidos el refinamiento y la sutileza son buenos mecanismos de persuación. En el espacio público, donde cuestiones sumamente complejas son puestas en la consideración de masas de gente sin ninguna especialización en las mismas, la simplificación y la repitición tienden a dar mejores resultados.

El que duda, el que pone matices, el que arroja luz sobre la complejidad, no puede menos que interferir en los objetivos de la batalla ideológica. Refinar las ideas puede ser un objetivo loable para el que piensa, pero es motivo de desprecio para quien está en la lucha. Eso explica, en gran medida, el desdén de los militantes políticos, y de los intelectuales militantes, por quienes "no toman posición". En medio de una guerra, no hay nada más deshonroso que mantenerse al margen mientras los demás pelean. Cuando uno está totalmente entregado a una causa, que otro busque mantenerse neutral ante la misma resulta tanto o más ofensivo que defender la causa opuesta. Cuando la guerra es total, nada parece más abyecto que no participar de la misma.

En la Argentina, cada vez más el clima de guerra cercena la posibilidad de pensar. Los medios públicos contra los medios privados, la CGT contra la UIA, el gobierno contra la SRA, Madres de Plaza de Mayo contra Herrera de Noble. Unos dicen "fascistas", "auritarios", "ladrones"; los otros dicen "neoliberales", "torturadores", "monopolios". Para unos y para otros, nada más inútil que pensar sobre el mejor mecanismo para garantizar la pluralidad y libertad de medios, para articular desarrollo con equidad, para mejorar los mecanismos de recaudación y distribución, para comprender el drama de la última dictadura, y demás. Nada más importante que convencer a la mayor cantidad de gente posible de que uno tiene razón, y los otros no; de que uno defiende intereses nobles, y los otros espurios.

"Hay un tiempo para todo", dice la biblia. Este no parece ser el momento para pensar.

viernes, 10 de septiembre de 2010

Los que critican al gobierno son machistas

Muchos parecen convencidos (como en este programa de telvisión) de que entre quienes se oponen al gobierno existe una cierta intolerancia ante el hecho de que la Presidenta sea mujer. Cristina misma ha repetido este argumento. ¿Hay alguna evidencia de esto? Yo, hasta ahora, lo he escuchado como una suerte de presupuesto de sentido común. Pero salvo que alguien tenga algún elemento para respaldar esa afirmación, voy a pensar que se trata de un intento de victimizar al gobierno, y de presentar a quienes se le oponen como machistas e intolerantes. Parece una herramienta para evitar al debate, como diciendo: "no es que critican al gobierno por no estar de acuerdo con él, puesto que las críticas en realidad esconden la intolerancia machista de quienes las realizan". Me parece tanto o más vago que quienes critican medidas progresistas, como la asignación universal por hijo, como actos de demagogia.

jueves, 9 de septiembre de 2010

Desarrollo sin pagar el precio

Aldo Ferrer es muy optimista respecto de la posibilidad de los países de América Latina para emular el camino al desarrollo seguido por los países asiáticos. Yo no soy experto en el tema, pero hasta donde tengo entendido, el desarrollo asiático tiene mucho que ver con el bajo costo de la mano de obra: la gente trabaja mucho por poca plata. En América Latina y en la Argentina, ese no parece ser el camino elegido por los gobiernos de izquierda, los cuales hacen hincapié en la redistribución del ingreso y el aumento de salarios. Me parece un elemento importante que la comparación deja de lado, dando a entender que el desarrollo va de la mano de una sociedad más igualitaria.

Desconfío de estas miradas idílicas del desarrollo. Me suena a lo que Slavoj Zizek denominó "desarrollo sin pagar el precio". O sea: mientras los demás países lograron la industrialización afrontando costos sociales altísimos, nosotros vamos a seguir un camino donde desarrollo y mejora social van de la mano. Me parece bien el optimismo, siempre y cuando reconozcamos las dificultades que atraviesan a ciertos proyectos sociales y económicos, en vez de imaginar caminos que traerán solo felicidad.

Llamado a la desafección política

Leer los comentarios que los lectores dejan al final de cada nota de Perfil.com o LaNacion.com, así como los que están a continuación de cada post en los blogs kirchneristas, me hacen desear que la nuestra fuese una sociedad menos interesada en la política. Si por participación política entendemos proferir insultos y descalificaciones impropios hasta en una cancha de fútbol, me declaro partidario del poco involucramiento de la ciudadanía en la política. Siéntanse libres de insultarme.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Batallas culturales

Una de las características más esenciales del actual gobierno es su vocación de llevar adelante una "batalla cultural". Esta idea ha sido repetidamente celebrada por sus intelectuales orgánicos (Forster, Rinessi, González). Sin embargo, lejos de ser un razgo novedoso de la política argentina desde el retorno de la democracia, se trata de una característica recurrente en los gobiernos que se vienen sucediendo desde 1983. Alfonsín y Menem, antes de Néstor y Cristina, aspiraron a transformar la mentalidad de los argentinos. Ello implico una cierta mirada de la historia, a partir de la cual surgieron sus respectivos diagnósticos sobre lo que había salido mal en el pasado, y consecuentemente, sobre lo que debía ser modificado de cara al futuro.

Alfonsín construyó un relato según el cual la ausencia de valores democráticos y republicanos había derivado en una recurrente violencia política. Era necesario, por lo tanto, convencer a los diferentes actores sobre las virtudes de los mecanismos institucionales, para así evitar nuevos enfretamientos violentos. Menem, por su parte, concibió la idea de que el problema estructural del país tenía que ver con una cultura estatista. La misma había dado lugar a un Estado sobredimensionado e ineficiente, que interfería con los mecanismos más racionales y productivos del libre mercado. Entonces, era necesario reducir el tamaño del Estado y disciplinar a los diferentes sectores sociales para adecuarse a dichos mecanismos.

Para los Kirchner, el problema de la Argentina ha sido la subordinación de la política, y por lo tanto del Estado, a ciertos poderes económicos particulares. De ese modo, el Estado se ha dedicado tradicionalmente a favorecer dichos intereses antes que a velar por el bien común. Es necesario, por lo tanto, recuperar la noción de bien común y disciplinar a los intereses particulares que buscan subordinar al Estado.

Esta batalla cultural no es ni más ni menos política que las anteriores. Tiene otros contenidos y otros horizontes. Hay quienes comparten el diagnóstico y las soluciones propuestas, y quienes no, como los hubo con los proyectos anteriores. Que este gobierno acentúe más este aspecto cultural que los anteriores, que sus intelectuales expliciten permanentemente su vocación de transformar culturalmente al país, no lo hace más "político" que los anteriores. Es equivocado, por lo tanto, el contraste según el cual mientras el gobierno de Menem buscó eliminar la política, los Kirchner intentan potenciarla. En la Argentina, la política, los proyectos refundacionales y las batallas culturales, son mucho menos originales de lo que muchos parecen creer.

lunes, 6 de septiembre de 2010

Política y muerte

El actual gobierno no es fascista. Algunos de quienes lo apoyan sí lo son o, al menos, comparten con el fascismo una clara aversión por el pluralismo y una visión absoluta y total de la confrontación política.

Las siguientes palabras fueron publicadas el 2 de septiembre en el blog de Orlando Barone:

El ataúd aquel de Herminio Iglesias ha sido abolido por el curso del tiempo. Metafóricamente fue sustituido por nuevos ataúdes donde van siendo enterradas viejas políticas antipopulares y en los cuales se colocarán los nuevos muertos que merecidamente va a ir dejando la Ley de Medios y la nueva etapa de Papel Prensa.