A veces aburre decir lo obvio, pero cuando la confusión general es tan grande es difícil evitarlo. La corrupción no es un tema reducible a la justicia. La idea de que todo el mundo debe ser considerado inocente de actos ilícitos mientras no haya una corroboración judicial es insostenible en política como en todos los órdenes de la vida. La presunción de inocencia es una cuestión legal, no práctica. En general, las personas son consideradas más o menos confiables en base a indicios que poco tienen que ver con evidencias jurídicas. Manejos sospechosos y no transparentes pueden no ser suficientes para una condena judicial, pero no tienen por qué ser irrelevantes para evaluar el desempeño de las personas en sus cargos.
Ayer lo escuché a Forster protestando a los gritos porque el periodismo habla de la presunta corrupción kirchnerista sin pruebas, a la vez que cuestionaba que no se hable Amalita Fortabat y la patria contratista. Como decía Freud, los argumentos contradictorios son la manifestación del deseo inconsciente. Por suerte algunos kirchneristas son más lúcidos y exponen la ideología kirchnerista con mayor transparencia: la corrupción es tolerable en un gobierno que implementa medida a favor de los sectores populares.
El blog de uno que se considera progre pero que se la pasa criticando los lugares comunes progres. Aunque a veces critica otras cosas.
viernes, 24 de mayo de 2013
martes, 21 de mayo de 2013
Capitalismo a medias
El problema de tener un capitalismo a medias es que a la larga se genera un mal capitalismo. La idea del progresismo en general es la siguiente: el socialismo es un sistema ideal, pero por el momento inaplicable en la práctica, y por lo tanto lo mejor posible es un capitalismo con control del Estado que modere las consecuencias negativas. Todo bien, pero la economía es una estructura con una dinámica propia. Si la inversión está en manos privadas y el Estado expropia empresas, entonces es probable que haya menos inversión. Si la intervención estatal "en favor de los sectores populares" desalienta la inversión en eficiencia y productividad, a la larga la economía en general se verá perjudicada. Los empresarios que prevalezcan serán aquéllos que se dedican a actividades rentistas y al acomodo político. El círculo vicioso termina siendo que cuanto más se desconfía de las reglas del capitalismo y de su principal agente (los empresarios), más se contribuye a generar un capitalismo y un empresariado ineficiente y rentista.
martes, 7 de mayo de 2013
Economía
Hoy escuché esta entrevista de Víctor Hugo a Federico Sturzenegger. Víctor Hugo mezcla señalamientos atinados con disparates. Diría que para no tener ninguna formación económica, defiende bastante bien la posición del gobierno. Lo que no deja de llamarme la atención es la propensión a hablar con total soltura de lo que uno no sabe, ante alguien que sabe. Es una idea bastante difundida en la Argentina que la política y la economía son cuestiones que se resuelven a través de la ideología y el sentido común. El problema es que esto es en parte cierto, pero no del todo. La economía no es meramente técnica, porque involucra decisiones éticas respecto de la distribución de recursos. Pero sí tiene aspectos técnicos en el sentido de que ciertas variables se relacionan entre sí de modos que escapan al sentido común. Si uno no es economista, debería argumentar sobre las cuestiones éticas y dejar los aspectos técnicos a los expertos. Caso contrario entramos en la sanata.
sábado, 27 de abril de 2013
La ideología kirchnerista
¿Existe tal cosa como una ideología kirchnerista? Creo que sí, y que consiste en los siguientes elementos:
1) El Estado debe servir los intereses económicos de las mayorías económicamente menos pudientes.
2) La función de la izquierda es llegar al gobierno para hacer que el Estado cumpla dicha función, pero solo en la medida en que no se corra el riesgo de perder el gobierno a manos de otro sector político menos beneficioso para las mayorías económicamente menos pudientes.
3) El único principio de legitimación de un gobierno es el voto de la ciudadanía.
Todo lo que desde el kirchnerismo se dice por fuera de estos tres principios responde a posicionamientos coyunturales. Cualquier crítica que no afecte alguno de estos tres puntos lo mantiene ideológicamente inconmovible.
1) El Estado debe servir los intereses económicos de las mayorías económicamente menos pudientes.
2) La función de la izquierda es llegar al gobierno para hacer que el Estado cumpla dicha función, pero solo en la medida en que no se corra el riesgo de perder el gobierno a manos de otro sector político menos beneficioso para las mayorías económicamente menos pudientes.
3) El único principio de legitimación de un gobierno es el voto de la ciudadanía.
Todo lo que desde el kirchnerismo se dice por fuera de estos tres principios responde a posicionamientos coyunturales. Cualquier crítica que no afecte alguno de estos tres puntos lo mantiene ideológicamente inconmovible.
jueves, 25 de abril de 2013
domingo, 14 de abril de 2013
El debate sobre la justicia
Como suele pasar, el "debate" respecto de la reforma judicial es una confusa sucesión de consignas que impide el intercambio de argumentos. Lo que queda claro es que, como pasó con la ley de medios y otros temas, la esencia del proceso político es la siguiente. Existe un poder social o institucional que manifiesta manejos e intereses corporativos, contrarios al interés general, y que por lo tanto necesitaría ser reformado. El gobierno, que primero intenta tender vínculos con este poder tal cual es, eventualmente encuentra que estos vínculos son limitados y que, para desarrollar su plan de gobierno con mayor discreción, necesita generar poder propio. En el tema de los medios, esto significó generar una red de medios estatales y para-estatales, a la vez que se reducía el grado de concentración de los medios no alineados con el gobierno. En el tema justicia, esto significa controlar el organismo que designa y, potencialmente, remueve a los jueces.
Este mecanismo político le ha dado buenos resultados al gobierno por la sencilla razón de que a nadie le gustan los intereses corporativos. Entonces, cada vez que el gobierno justifica la necesidad de reformas, lo hace con razones convincentes y atendibles desde el punto de vista del bueno funcionamiento del Estado de derecho. Una vez que el debate se abre, la confusión sobre el contenido específico de las reformas hace que la sociedad pierda interés. Pero en una sociedad en general poco apegada a ideales republicanos, la idea de que un poder respaldado por el voto popular es en principio más legítimo que cualquier otro poder, contribuye a que las consignas del gobierno (siempre ligadas a la idea de "democratización") aparezcan como legítimas. Finalmente, en medio de una gran confusión, las reformas introducidas por el gobierno no hacen otra cosa que aumentar su propio poder. Estas reformas aparecen confusamente legitimadas bajo dos principios: 1) la necesidad de terminar con un poder corporativo; 2) la superior legitimidad del poder democráticamente electo frente a cualquier otro poder.
El argumento de que es bueno debatir la reforma judicial, como fue bueno debatir la ley de medios, es engañoso. El "debate" en estos casos no es más que una guerra de consignas, y es claro que el objetivo último del gobierno no es otro que ganar la mayor cantidad de poder posible. Un debate solo tendría sentido si la reforma convocara a especialistas y se desarrollara atendiendo aspectos técnicos. Si el objetivo no es otro que aumentar el poder del gobierno democráticamente electo, el "debate" no es otro que el de democracia vs. república, el cual es demasiado amplio y filosófico como para interesar a una parte significativa de la ciudadanía.
Finalmente, lo único que queda de estas "reformas" es que, sobre la base de algo que no funciona como debería, el gobierno avanza y aumenta su poder. El argumento sería: "como esto funciona mal, voy a limitarlo y aumentar mi capacidad de control, siendo que yo tengo legitimidad democrática y, por lo tanto, mi poder es en principio más legítimo que cualquier otro". Frente a esta lógica, las discusiones técnicas son inútiles. Lo que está en juego no es el poder judicial específicamente, ni los medios específicamente, sino la relación entre democracia, república y Estado de derecho. ¿Queremos que el poder democráticamente electo sea el mayor posible, o queremos que tenga límites? ¿Queremos que haya instituciones y grupos de la sociedad civil que, más allá de sus defectos, contrapesen al poder democrático, o preferimos que el poder democrático sea lo más amplio posible?
Este mecanismo político le ha dado buenos resultados al gobierno por la sencilla razón de que a nadie le gustan los intereses corporativos. Entonces, cada vez que el gobierno justifica la necesidad de reformas, lo hace con razones convincentes y atendibles desde el punto de vista del bueno funcionamiento del Estado de derecho. Una vez que el debate se abre, la confusión sobre el contenido específico de las reformas hace que la sociedad pierda interés. Pero en una sociedad en general poco apegada a ideales republicanos, la idea de que un poder respaldado por el voto popular es en principio más legítimo que cualquier otro poder, contribuye a que las consignas del gobierno (siempre ligadas a la idea de "democratización") aparezcan como legítimas. Finalmente, en medio de una gran confusión, las reformas introducidas por el gobierno no hacen otra cosa que aumentar su propio poder. Estas reformas aparecen confusamente legitimadas bajo dos principios: 1) la necesidad de terminar con un poder corporativo; 2) la superior legitimidad del poder democráticamente electo frente a cualquier otro poder.
El argumento de que es bueno debatir la reforma judicial, como fue bueno debatir la ley de medios, es engañoso. El "debate" en estos casos no es más que una guerra de consignas, y es claro que el objetivo último del gobierno no es otro que ganar la mayor cantidad de poder posible. Un debate solo tendría sentido si la reforma convocara a especialistas y se desarrollara atendiendo aspectos técnicos. Si el objetivo no es otro que aumentar el poder del gobierno democráticamente electo, el "debate" no es otro que el de democracia vs. república, el cual es demasiado amplio y filosófico como para interesar a una parte significativa de la ciudadanía.
Finalmente, lo único que queda de estas "reformas" es que, sobre la base de algo que no funciona como debería, el gobierno avanza y aumenta su poder. El argumento sería: "como esto funciona mal, voy a limitarlo y aumentar mi capacidad de control, siendo que yo tengo legitimidad democrática y, por lo tanto, mi poder es en principio más legítimo que cualquier otro". Frente a esta lógica, las discusiones técnicas son inútiles. Lo que está en juego no es el poder judicial específicamente, ni los medios específicamente, sino la relación entre democracia, república y Estado de derecho. ¿Queremos que el poder democráticamente electo sea el mayor posible, o queremos que tenga límites? ¿Queremos que haya instituciones y grupos de la sociedad civil que, más allá de sus defectos, contrapesen al poder democrático, o preferimos que el poder democrático sea lo más amplio posible?
jueves, 11 de abril de 2013
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