El debate detrás de Siderar

En el último comentario escribí sobre la visión que el kirchnerismo tiene de la economía. La cuestión parecería ser así: el kirchnerismo no cree en un economía con reglas generales claras que orienten el comportamiento de los actores privados. Por el contrario, si bien considera necesario establecer selectivamente ciertas reglas en ciertas áreas, el kirchnerismo prefiere un Estado que intervenga coyunturalmente para sintonizar a la actividad privada con el bien general. Esto significa que, salvo en ciertas áreas, hay poca confianza por parte de los empresarios en que las reglas permanecerán estables a lo largo del tiempo.

El episodio de Siderar es revelatorio en este sentido. Lamentablemente el gobierno ha elegido esquivar el debate convirtiéndolo en una cuestión de sospechas, es decir, enfocándose en "qué estará ocultando Siderar" para resistir la ampliación de la participación estatal. Lo más importante del caso es, sin embargo, la relación entre el Estado y la actividad empresaria.

Siderar tiene razón en que la medida implica una modificación de las reglas del juego. El motivo es el siguiente. Una parte significativa de las acciones de Siderar pertenecían a las AFJP, cuya participación en el directorio de las empresas estaba limitada por ley (por motivos que aquí no vienen al caso). Al estatizar los fondos de jubilación privados, el Estado se hace cargo de esas acciones, pero sigue atado a la restricción respecto de su participación en el directorio. Al remover posteriormente esa restricción, el Estado se habilita a sí mismo a aumentar su participación en el directorio. De ese modo, una sucesión de medidas por parte del Estado le permiten al mismo convertirse en un actor activo dentro de Siderar, sin que la empresa pudiera preverlo ni hacer algo al respecto.

La clave de la cuestión es que el Estado no es un actor económico como cualquier otro. Un actor privado busca por lo general maximizar la rentabilidad de sus activos, es decir, de las empresas en las que participa. El Estado, por supuesto, también tiene interés en que sus activos sean rentables, pero tiene además otros intereses que podrían interferir con aquél. Por ejemplo, el gobierno podría estar interesado en mantener bajo el precio de un determinado producto, por considerar que de ese modo se beneficia a la economía en su conjunto. Esto podría, claro está, afectar negativamente a la rentabilidad de la empresa, la cual es el único interés de los accionistas privados. O sea: la presencia del Estado en una empresa afecta la orientación general de la misma. Una empresa privada solo busca, en principio, rentabilidad, mientras que una empresa pública busca además defender el bien público.

La cuestión es, entonces, que si a los propietarios privados de una empresa se les impone, sin poder preverlo y sin capacidad de decisión, una cierta participación estatal en la misma, se está alterando la naturaleza de dicha empresa. Puesto que el Estado no es un accionista más, sino un accionista con características particulares, su imprevista participación en el directorio de una empresa implica una modificación de las reglas del juego. Por supuesto, la situación sería diferente si las acciones hubiesen sido vendidas directamente al Estado, sin ninguna ley que restrinja su participación en el directorio. Pero en este caso no ocurrió ninguna de las dos cosas.

Para poner un ejemplo tonto. Imaginemos que tres amigos ponen una empresa. Después de un tiempo, uno de ellos vende, con la aprobación de los otros dos, su parte de la empresa a un tercero. La ley dice que este tercero, por tener ciertas características, no puede participar del directorio de la empresa. Después de un tiempo, el Estado decide que todos los activos del comprador de esas acciones le serán transferidos. Poco después, decide remover el tope de la participación en el directorio de la empresa para este tipo de acciones. Un tercio de la capacidad decisoria de la empresa queda, de ese modo, en manos del Estado. Los dos amigos, que habían puesto una empresa manejada solo por privados, deben ahora forzadamente compartir la empresa con el Estado (que, como ya hemos dicho, puede perseguir fines incompatibles con la rentabilidad de la empresa).

Todo esto solo para decir que el argumento de Siderar de que la medida del gobierno representa un cambio en las reglas del juego es legítimo. El debate, por lo tanto, no puede reducirse a que el Estado sencillamente se está haciendo cargo de lo que naturalmente le corresponde. El gobierno ha tomado una decisión que responde a una cierta visión de la economía, según la cual el mantenimiento de las reglas en las cuales se enmarca la actividad privada está en alguna medida supeditada a las consideraciones estratégicas del Estado. Esta tensión entre medidas coyunturales por parte del Estado y la perdurabilidad de las reglas es uno de los puntos más conflictivos de la política económica del gobierno.