Zaffaroni contra los medios

Leo esta nota en Página/12. El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni acaba de publicar un libro titulado La palabra de los muertos. El argumento presentado por el libro, según la nota, es el siguiente. Existe una "criminología mediática" que "pinta un mundo amenazado exclusivamente por el delito común y el terrorismo" y está "al servicio del poder y de un modelo de 'Estado gendarme' o 'policial' de raíces estadounidenses". Esta criminología esconde las matanzas perpetradas por el propio Estado, no solo en los casos de genocidio, sino más cotidianamente en las cárceles y en el uso irresponsable del poder policial. Por eso, en contraposición a la "criminología mediática", Zaffaroni propone una "criminología cautelar", cuyo objetivo es "'preservar la vida humana' y propiciar una 'sociedad inclusiva' corriendo el foco de 'la exaltación del poder punitivo'".

La descripción de la presentación del libro en la Feria del libro deja en claro que el evento fue, más que una búsqueda de reflexión especializada, una toma de posición en el conflicto entre el gobierno y los medios de comunicación. Salvo León Arslanián, los invitados (también estaban Víctor Hugo Morales y el abogado y militante de la Comunidad Homosexual Argentina Pedro Sottile) no eran particularmente versados en el tema en cuestión. Todos ellos, sin embargo, comparten una alineación abierta con el gobierno en el conflicto con los medios de comunicación. Las declaraciones tomadas por la nota dejan en claro que el evento se enmarcó en esta alineación.

El argumento del libro, tal como es descripto por la nota, es curioso. Se califica como "criminología mediática" a una criminología que, según Zaffaroni, oculta crímenes cometidos por el Estado. El objetivo sería, de alguna manera que no queda clara, sostener un cierto modelo socioeconómico. Pero lo que no se entiende es por qué, si es el Estado el que comete los crímenes, esta criminología sería eminentemente "mediática", y no "estatal". La definición parece demasiado forzada para ajustarse al clima político del momento.

Que el libro es más un intento de intervención política que un estudio académico lo deja en claro el propio Zaffaroni, quien dijo que escribió el libro en un lenguaje coloquial "para que lo pueda leer cualquiera". Es curiosa la idea de que un libro lo puede leer cualquiera solo por utilizar un lenguaje coloquial, como si no hubiese ciertos temas que requieren conocimiento especializado y son, por lo tanto, de difícil acceso para el público general.

Todos estos elementos ponen en duda la idoneidad de Zaffaroni para el cargo que ocupa. Un juez de la Corte Suprema es, por definición, alguien que no debe intervenir en los debates de la coyuntura política, mucho menos alineándose abiertamente con alguna postura. Siendo que un juez debe apegarse lo más cercanamente posible a la ley y ser lo más neutral posible frente a las partes en disputa, un juez políticamente activo despierta dudas sobre su idoneidad para ser neutral ante ciertos casos. Más aún cuando su intervensión política afecta temas judicializados en los que debe intervenir como juez: ¿puede Zaffaroni ser neutral frente a la ley de medios cuando defiende abiertamente la postura del gobierno en este tema? Si Zaffaroni quiere ser un intelectual público que toma posición en la coyuntura política, debería renunciar a la Corte Suprema, que es el órgano que, por su propia naturaleza, debe ser el más a-político y el más independiente de la coyuntura.

Si la descripción realizada por Página/12 es correcta, no deja de llamar la atención la mediocridad intelectual de Zaffaroni. Primero, porque la presentación parece más una fiesta de chistes e ironías políticas que una presentación de libro serio. Segundo, porque dicha presentación se realiza con gente que piensa lo mismo de antemano, evitando así contrapuntos de ideas. Tercero, porque se invita a gente cuya capacidad de aportar al tema en cuestión es dudosa. Cuarto, porque Zaffaroni alega que por el solo hecho de recurrir al lenguaje coloquial, el libro es legible por cualquiera. Una serie de elementos que no se ajustan al rigor académico que debería caracterizar a uno de los máximos especialistas en derecho del país.