¿Gobierno vs. Corte Suprema?

Me estuve informando un poco sobre el caso Sosa, que amenaza con dar lugar a la primera gran pelea entre el gobierno y la Corte Suprema. Parece que la Corte ordena al gobierno de Santa Cruz reitegrar a un funcionario que fue despedido violando criterios constitucionales, según la Corte. No voy a referirme a los motivos por los cuales el gobierno nacional se resiste, por ahora, a hacer cumplir el fallo (me parece interesante la hipótesis de Gargarella). Quiero discutir, en cambio, con la visión de Marcelo Alegre, quien sostiene que, más allá de los elementos jurídicos, al gobierno no le conviene políticamente confrontar con la Corte en este caso. Alegre se basa en dos elementos. Primero, al gobierno no le conviene que se exhiban las prácticas anti-republicanas que caracterizan al gobierno de Santa Cruz. Segundo, al confrontar con la Corte, el gobierno dilapidaría el crédito que se ha ganado al contribuir a su conformación, dado el respeto con el que cuenta la Corte actual.

Los réditos o perjuicios políticos de una acción política particular no pueden ser evaluados sin tener en cuenta el proyecto y la estrategia específica de un actor (en este caso, el gobierno). Hace tiempo que el elemento "republicano" no forma parte del proyecto de este gobierno, ni siquiera desde el punto de vista discursivo, y es dudoso que entre los apoyos con los que cuenta, la preocupación por ese elemento sea significativa. Por el contrario, los intelectuales afines al gobierno rara vez enfatizan las virtudes del mismo en el aspecto institucional. Por lo general, ellos se dedican a desacreditar cualquier cuestionamiento en ese sentido argumentando que quienes lo realizan son los mismos que, en otras circunstancias, no se han privado de recurrir a prácticas anti-republicanas. Este argumento, claro está, no refleja ninguna preocupación por las instituciones republicanas, sino que, por el contrario, desacredita la preocupación misma.

El reconocimiento con el que el gobierno cuenta por la respetabilidad de la actual Corte no es, hoy en día, un elemento central de su estrategia política. Dicha Corte se conformó en un contexto sumamente diferente al que reina hoy en día, cuando el gobierno enfrentaba problemas diferentes e imaginaba alianzas con actores distintos. Recuperar cierta credibilidad institucional puede haber sido redituable en un contexto de incertidumbre y debilidad, cuando el descrédito de la política y la movilización de la clase media eran amenazas visibles. Hoy en día, con una oposición desarticulada y una confrontación creciente con los principales medios de comunicación, la credibilidad republicana poco ofrece a un gobierno cuyos objetivos poco tienen que ver con garantizar el normal funcionamiento de las instituciones. Más aún, como pasó con gobiernos anteriores, cada vez más las pretenciones refundacionales tienden a chocar con las limitaciones institucionales.

El gobierno no suele recurrir a argumentos legales para fundamentar sus acciones. Por lo general, suele hacer hincapié en elementos específicamente políticos. Por ejemplo, durante la confrontación con Redrado por el pago de la deuda con reservas del Banco Central, el gobierno puso énfasis en el hecho de que era su mérito haber acumulado las reservas y que, por lo tanto, era su derecho disponer de ellas. Argumento que, claro está, nada tiene que ver con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto mismo. Algo similar podría ocurrir con la Corte. Ante una decisión muy adversa (por ejemplo, frente a la Ley de Medios), el gobierno podría argumentar que la Corte está actuando bajo presión de los grandes medios. Entonces, ella no estaría actuando con la independencia por la cual el gobierno la constituyó en primer lugar. Siendo así, el mismo gobierno que constituyó a la Corte tendría derecho, según este razonamiento, a resistir sus medidas.

Esto puede darse así o no. En cualquier caso, el hecho es que el discurso del gobierno opera de forma tal que los elementos republicanos tienden a estar subordinados a los elementos políticos. La confrontación con los medios ha cobrado tal envergadura que la misma tiende a desplazar cuestionamientos que, anteriormente, dañaban la imagen del gobierno (muchos de ellos vinculados al problema "institucional": Indec, Moreno, Santa Cruz, etc). Por lo tanto, conviene ser muy realista respecto de las posibilidades de que el gobierno integre la preocupación republicana a su estrategia política. Seguramente, una violación demasiado fehaciente de la ley por parte del gobierno podría dañar su imagen entre sectores progresistas. Pero en la medida en que logre, como hasta ahora, subordinar la débil preocupación institucional de estos sectores a su proclamada necesidad de terminar con la "hegemonía" de los grandes medios, es probable que dicha preocupación lo tenga sin cuidado. Los sectores seriamente preocupados por el funcionamiento institucional ya son, de todos modos, una causa perdida.