Ahora sí: censura y autoritarismo

Creo que, como dice Lucas Llach, el gobierno ha cruzado un umbral al multar a consultoras que realizan índices de inflación. Un cosa son los métodos que el gobierno venía utilizando para contrarrestar las informaciones y opiniones que pudiesen perjudicarlo: intervención y manipulación del INDEC, financiamiento de medios que responden al gobierno, arbitrariedad en el manejo de la publicidad oficial, presiones extra-legales por parte de Moreno, y demás. Estos métodos, si bien cuestionables, se basaban en la capacidad del Estado de actuar activamente dentro de sus potestades. Es decir que, dentro de sus atribuciones (por ejemplo, distribuir pauta oficial), el Estado hacía un uso arbitrario y a veces, como ha determinado hace poco la Corte Suprema, ilegal. Pero estos manejos se mantenían dentro de la órbita específica del Estado, con lo cual no se afectaba directamente (aunque sí indirectamente) la libertad de los actores de la sociedad civil.

Multar a una consultora por dar a conocer un índice de inflación ya no implica un manejo, sea correcto o incorrecto, de atribuciones propias del Estado, sino una intervención tendiente a controlar a la sociedad civil. En otras palabras, el Estado no se maneja solo como un agente activo más, sino que hace uso de su poder de policía y, por tanto, de su capacidad de controlar el accionar de los actores sociales. La diferencia no es menor porque, en el primer caso, si bien los actores de la sociedad civil se ven afectados por la actividad estatal, no se ven directamente afectados en su libertad de acción. En el segundo, el Estado directamente constriñe la libertad de los actores.

Cabe aclarar que no es que el Estado no deba nunca constreñir la libertad de los actores, pues en ese caso no habría Estado. Pero si estamos de acuerdo en que la Argentina es una democracia republicana, donde en principio todo el mundo es libre salvo que viole alguna ley, es difícil que esta penalización de los índices de inflación se enmarque dentro de las atribuciones legítimas del Estado. Concretamente, como se analiza acá y acá, la justificación legal de la intervención del Estado es muy pobre, al punto de que es casi inconcebible que resista una demanda judicial. Como dice Lucas Llach, lo más probable es que el gobierno actúe sabiendo que su acción será revertida por la justicia. Lo cual no implica, claro está, que el efecto intimidatorio de su accionar sobre la sociedad civil deje de tener efecto.

Creo que, en este caso, puede hablarse sin ambigüedades de un gobierno que censura e interviene de manera autoritaria. El kirchnerismo ha decidido de ese modo violar los principio fundamentales del Estado de derecho.