Entre los medios oficialistas, y desde el blog de Aníbal Fernández, se defiende el derecho de Hebe de Bonafini a expresarse, y se equiparan sus dichos con los de Hugo Biolcati y Mariano Grondona durante la crisis del campo.
Defender el derecho de Hebe a expresarse es una falacia que devía el foco de la atención. Nadie está reclamando que se le prohíba a Hebe decir lo que piensa. Lo que se está manifestando es una preocupación por el hecho de que una persona cercana al gobierno, y en una manifestación de apoyo a una pedida impulsada por él, haya insultado a los jueces de la Corte, los haya acusado de corruptos, y haya insinuado la posibilidad de tomar el palacio de justicia por la fuerza. Se manifiesta, además, la preocupación por el hecho de que desde el gobierno se se tome distancia frente a esos dichos. Nada de ello implica una actitud contraria a la libertad de expresión; el intento por desviar la cuestión en esa dirección no hace más que confirmar dichas preocupaciones.
Tampoco violenta la libertad de expresión que alguien haya realizado una denuncia. Decir ciertas cosas es un delito y, en ese sentido, hay ciertos límites legalmente reconocidos a la libertad de expresión. Defender la libertad de expresión de alguien por sobre esos límites legales, no es otra cosa que cuestionar la autoridad de la ley. Pero si se considera que esos límites no fueron violentados, entonces no cabe más que esperar que la justicia desestime tal denuncia. Una denuncia por sí misma no violenta la libertad de expresión de nadie.
La comparación con los dichos de Biolcati y Grondona también es falaz. Biolcati y Grondona no llamaron sugirieron ninguna acción ilegal, ni acusaron a nadie de ningún delito. Sugerir que el gobierno puede terminar su mandato antes de tiempo de ese modo fue ciertamente repudiable desde el punto de vista del respeto a las instituciones, pero no es comparable con los dichos de Hebe.
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