Papel Prensa: la confusión por sobre el debate

Desde el discurso de Cristina sobre Papel Prensa, que encontré sumamente inspirador y estimulante, me propuse seguir el caso. Las palabras fueron tan claras y contundentes, que imaginé que el gobierno tenía un caso sólido. Sabía que los medios afectados tratarían de ponerlo en duda. Pero los medios no pueden inventar noticias y, considerándome un lector relativamente atento, supuse que podría ir siguiendo la trama. No pasaron muchos días, y ya comencé a perder mis esperanzas. Ya hay demasiadas complicaciones: personas que dicen una cosa y antes dijeron otras, diferentes personas que dicen cosas que se cotradicen, personas que hablan de segunda o tercera mano, y que no se entiende muy bien qué relación tienen con la causa. Cada diario menciona fuentes que van en un sentido o en el otro, sin explicar con demasiado detalle quién dice lo que dice. Entonces me puse a pensar: si yo, que estoy interesado en la política, tengo estudios universitarios en el tema, conozco algo de historia, leo frecuentemente los diarios, y me propuse especialmente seguir este tema, tengo tantos problemas para entender quién tiene razón en esta pelea, ¿qué se puede esperar de tanta otra gente? Y si, como estoy asumiendo, nadie puede comprender con claridad lo que está pasando, porque en realidad la causa es más complicada que lo que Cristina quiso dar a entender, ¿qué sentido tiene la pelea misma?

El gobierno ha encarado el tema de Papel Prensa como lo ha hecho con tantos otros: como parte de una batalla cultural. Ello significa que no está buscando avanzar sobre la empresa meramente por vías legales o a través de acuerdos políticos, sino que está tratando de generar consenso en la opinión pública a su favor. En otras palabras, el gobierno quiere que la mayor parte posible de la opinión pública odie a Clarín y La Nación y apoye su ofensiva. Esto queda claro por la forma en la que se presentó el tema, con un discurso de más de una hora por cadena nacional. Luego, Cristina tuvo la sensatez de enviar el tema a la justicia, pero habiendo presentado la causa ante la sociedad como si las conclusiones fuesen evidentes. Así las cosas, en términos de batalla ante la opinión pública, el resultado judicial será lo menos importante: lo importante es que la gente simpatice con un lado o con el otro. La justicia es un terreno de conflicto más, pero evidentemente no es el único ni el principal.

El problema es que, desde mi punto de vista, una batalla cultural librada en términos de una causa judicial sobre un hecho ocurrido hace 34 años difícilmente deje algo positivo. Si el gobierno dice claramente la verdad y Clarín y La Nación mienten, entonces no solo la causa debería resolverse sin ambigüedades a favor del gobierno, sino que la evidencia pública al respecto también debería ser abrumadora. Si las cosas, como parece hasta el momento, no son tan claras, y hay una serie de declaraciones e interpretaciones contrapuestas, agrabadas por el hecho de que el tema estuvo en suspenso durante 34 años, solo expertos en la materia podrán ir desentrañando el caso, mientras que la opinión pública en general no podrá más que elegir entre un bando y el otro según sus preferencias dadas de antemano. Me pregunto, entonces, ¿qué sentido tiene una batalla cultural librada en esos términos? ¿Puede realmente surgir de ella un cambio "cultural"?

Yo creo que una batalla cultural no puede librarse en términos de verdades históricas que requerirían un grupo de investigadores expertos para desentrañar cómo se dieron las cosas. De ser así, lo único que podrá definir la contienda es la autoridad de los expertos: los jueces, en este caso, y los académicos interesados en seguir el caso. Habría entonces que dejar la contienda librada a su rigor profesional, si confiamos en él. Pero más allá de eso, no hay mucho margen para que la ciudadanía tome posición o conozca los hechos, ya que la misma quedará expuesta a innumerables informaciones contrapuestas y evidencias cruzadas. La opinión pública escuchará una y mil veces al gobierno y los medios afines repitiendo consignas y mostrando evidencias de su lado, y otras una y mil veces lo mismo del lado de los medios opositores. Finalmente, la verdad será lo menos importante: quedará mejor parado el que tenga mayor y mejor capacidad de propaganda, mayores recursos para instalar la idea de que la verdad está de su lado.

Lo que se pierde con todo esto es la posibilidad de instalar un debate sustancial sobre la producción de papel para los diarios. Ese debate no pasa por cómo se dio la actual configuración accionaria de Papel Prensa, sino por un principio general pero, a la vez, bastante concreto: la única empresa nacional productora de papel prensa no debería estar en manos de los dos principales diarios del país. Eso, más allá de cuáles sean esos dos diarios, de su historia, posición ideológica, y demás, facilita las prácticas oligopólicas, y pone en riesgo la pluralidad de medios. Y siendo que la pluralidad y diversidad de medios es un bien vinculado a la calidad de la democracia, es necesario que el Estado intervenga para evitar prácticas oligopólicas. No se trata de un argumento demasiado complicado, ni requiere muchos tecnicismos. Por eso, me parece que el gobierno debería hacer hincapié en el proyecto de ley para declarar Papel Prensa como una empresa de interés público, con el fin de modificar su configuración propietaria. Esa sí sería una auténtica batalla cultural, centrada en convencer a la opinión pública de el Estado debe prevenir mecanismos oligopólicos entre los medios de comunicación, en vez de someter a la misma a consignas y evidencias cruzadas sobre el negro pasado de Clarín y La Nación.

La estrategia adoptada, sin embargo, responde a una forma de hacer política que caracteriza al actual gobierno prácticamente desde sus inicios. Al contrario de lo que suele decirse, los Kirchner le huyen constantemente al debate. Los hacen planteando todos los temas en términos de consignas y estigmatizaciones que poco tienen que ver con la sustancia de lo que está en juego. Cuando los ruralistas cortaban rutas, dijeron que tenían peones en negro. Cuando sonaron las cacerolas, dijeron que era por la política de derechos humanos. Cuando Clarín y La Nación los critican, dicen que fueron cómplices de la dictadura. No es que estos elementos no importen, pero, librados a sí mismos, solo conducen a guerras de estigmatizaciones, donde las descalificaciones reemplazan a los argumentos. Y, por supuesto, nada constructivo sale de esto. A lo sumo, un bando prevalece por sobre el otro porque instala la idea de que los otros son personas muy malvadas que merece que se le haga cualquier cosa. Y así el bando victorioso obtiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Pero nada se avanza en generar conciencia sobre la calidad de los medios, sobre su pluralidad, la necesidad de evitar oligopolios, y demás. Hoy en día, ese no es el eje del debate. El eje está en los testimonios cruzados que, día a día, nos dejan preguntándonos qué habrá pasado hace 34 años.